Un informe regional y estudios realizados en Colombia y República Dominicana vuelven a poner bajo la lupa una falla de implementación que impacta de lleno en las personas con discapacidad: aunque en América Latina se han registrado avances en regulación y reconocimiento de derechos, el acceso efectivo al aborto y a otros servicios de salud sexual y reproductiva sigue limitado por barreras sociales, institucionales y culturales.
El diagnóstico destaca una brecha persistente entre el discurso de derechos y la realidad de los servicios. La falta de información accesible, las dificultades para garantizar el consentimiento informado, los obstáculos vinculados al transporte y la infraestructura, y unas prácticas médicas atravesadas por el estigma continúan restringiendo la autonomía de las personas gestantes con discapacidad. Un testimonio recogido en el trabajo resume esa tensión: “Hace dos años fui a consulta por un ovario y quería ligarme las trompas. Me dijeron que no hacían ligaduras ni abortos, pero por tener discapacidad lo aceptaron. Como una acción de doble moral”.
El informe del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI), apoyado en la normativa de 13 países, indica que todos ratificaron la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aunque con una implementación desigual. Además, identifica falta de adecuación normativa, uso de lenguaje discriminatorio y escasa protección de los derechos sexuales y reproductivos. Si bien en términos formales la mayoría de los países reconoce el derecho a decidir sobre prácticas sanitarias, en la práctica persisten esquemas en los que familiares, representantes legales o profesionales de la salud terminan decidiendo por las personas con discapacidad, una señal de que la vigilancia institucional sigue siendo una deuda pendiente.