La muerte de Rebeca Brizard, de 27 años, quedó rodeada de una alerta mayor después de que el director de Habilitación y Acreditación del Ministerio de Salud Pública, Juan Gerardo Mesa, informara que Emanuel Hernández, identificado por las autoridades como barbero y sin formación médica, habría realizado otros dos procedimientos antes de la cirugía en la que falleció la joven. El dato, según explicó el funcionario, surgió en un conversatorio con la doctora Griselda Basora, directora y propietaria del centro donde ocurrió el hecho.
Mesa dijo que al preguntar bajo qué condiciones Hernández entró a laborar en el centro y por qué no se verificaron los documentos exigidos por ley —título de grado, exequátur, colegiatura y especialidad—, la respuesta fue que supuestamente los llevaba todos los días y nunca los presentó. Aunque el Ministerio de Salud Pública no había recibido denuncias formales contra Basora ni contra el centro médico, la propia versión oficial deja abierto un contraste entre los requisitos de habilitación y lo que terminó ocurriendo dentro del establecimiento. El funcionario sostuvo además que la responsabilidad no recae solo sobre Hernández, sino también sobre el personal médico presente en la cirugía, al considerar que son corresponsables los actores que estaban dentro del lugar.
Con la justicia llamada a determinar consecuencias, el caso se mueve de un hecho aislado a una señal de vigilancia pendiente sobre cómo operan los controles en un área donde la falta de verificación tuvo un desenlace fatal.