La petición de prisión preventiva contra 25 personas ligadas a la Operación SeNaSa 2.0-A volvió a poner bajo la lupa la protección institucional de recursos públicos sensibles. Entre los acusados hay exempleados del Seguro Nacional de Salud (Senasa), médicos y particulares, detenidos en una investigación que apunta a una presunta red dedicada a facturar y cobrar servicios, consultas y procedimientos médicos que, supuestamente, nunca se hicieron.
El expediente, de 525 páginas, fue depositado antes de la medianoche ante el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca, con Wilson Camacho y Mirna Ortiz al frente del proceso. Los fiscales también solicitaron que el caso sea declarado complejo, mientras Ortiz describió esta fase como la “tercera fase” de la investigación, al indicar que aparecieron nuevas líneas sobre la supuesta sustracción de fondos públicos.
Según la explicación del Ministerio Público, el esquema no solo habría drenado recursos de SeNaSa, sino que además consumía cuotas acreditadas en las pólizas de pacientes, con impacto directo en su cobertura. Más allá de la acción judicial en marcha, el caso deja al descubierto la tensión entre la administración de un servicio clave y la exigencia de vigilancia permanente sobre su manejo, en un escenario donde la fiscalización y la rendición de cuentas regresan al centro del debate institucional.