La difusión del estudio “Seguro Familiar de Salud: privatización de recursos, desfinanciamiento de servicios públicos y costo social de las ARS”, elaborado por Francisco A. Tavárez Vásquez y Matías Bosch Carcuro, intensifica el debate sobre la reforma de la Ley 87-01. El documento, auspiciado por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UASD, la Fundación Juan Bosch, Seguridad Social Digna, Ciudad Alternativa y MOPESEP, plantea que el modelo actual de aseguramiento funciona bajo una estructura de poder capturada por intereses privados, con efectos directos sobre el acceso a la salud.
Ante un panorama de desigualdades y de crisis creciente en los servicios, el estudio reorienta la discusión pública hacia un punto sensible para la oposición y la sociedad civil: la necesidad de someter a mayor vigilancia a las ARS y revisar un esquema que, según sus hallazgos, drena fondos públicos, impone reglas arbitrarias y desfinancia lo público. La reiterada respuesta de “no le cubre”, señalan los autores, no sería una falla aislada, sino parte de un mecanismo estructural que termina trasladando el costo social a los afiliados.
Ese señalamiento también eleva la presión sobre las entidades que participan en la reforma de la Ley 87-01, a las que ahora se les exige responder ante una evidencia que cuestiona la distancia entre el discurso de protección social y la realidad que enfrentan los usuarios. En ese marco, la demanda de recuperar SENASA, fortalecer lo público y frenar la lógica rentista del sistema se instala como eje de fiscalización y rendición de cuentas frente a un modelo que, según el estudio, ha convertido el Seguro Familiar de Salud en un mercado político.