El Congreso de El Salvador aprobó una nueva extensión de 30 días del régimen de excepción, con lo que se mantiene vigente la suspensión de garantías constitucionales en el país.
Se trata de la prórroga número 52 de una medida que ha estado en vigor de forma continua y que sigue generando cuestionamientos por sus efectos sobre los derechos humanos, en particular por el aumento de detenciones y las denuncias registradas bajo custodia estatal.
La decisión legislativa vuelve a colocar bajo escrutinio un mecanismo extraordinario que, aunque ha sido sostenido como parte de la estrategia de seguridad, continúa acumulando señales de alarma sobre control institucional, debido proceso y supervisión pública.
Hasta ahora, la medida se mantiene sin cambios sustanciales en su alcance, mientras persiste el debate sobre su impacto real en la seguridad y sobre el costo institucional de prolongar por más de dos años un estado de excepción.
La nueva prórroga confirma que el gobierno salvadoreño seguirá operando bajo un marco excepcional que limita derechos básicos, en medio de críticas por la falta de claridad sobre sus resultados y por las denuncias que continúan surgiendo en torno a las detenciones.