El Gremio de Centros Nocturnos denunció una serie de clausuras que atribuye al COBA y que, según afirma, se han producido antes del horario permitido, aun cuando los establecimientos cuentan con documentación en regla.
La organización sostiene que estas acciones han generado pérdidas de hasta 60 millones de pesos y denunció además una falta de respuesta oficial frente a lo ocurrido. El señalamiento coloca bajo escrutinio la forma en que se están ejecutando estas medidas y obliga al Gobierno a explicar sus fundamentos, su alcance y sus efectos sobre un sector económico ya afectado.
Más allá de la denuncia, el caso plantea una exigencia de transparencia y rendición de cuentas: cuáles son los criterios aplicados para ordenar las clausuras, qué mecanismos de revisión existen para los negocios que alegan estar regularizados y qué impacto real están teniendo estas decisiones sobre empleos, operaciones y actividad nocturna.
Hasta el momento, la pieza difundida no incluye una versión oficial que permita contrastar la acusación del gremio ni detalla si las autoridades competentes han ofrecido una explicación pública sobre los cierres cuestionados.