El Gobierno dominicano y Hacienda presentan el Plan Anticrisis como una medida “exitosa” y subrayan un dato recaudatorio concreto: en julio, el impuesto a las transferencias electrónicas creció casi 70% interanual. Sin embargo, el aumento de ingresos no zanja la discusión sobre la reforma fiscal ni aclara cómo se consiguió ese dinero, una diferencia central cuando el impacto termina trasladándose a contribuyentes, empresas y a la actividad económica diaria.
La propia revisión en torno a la medida advierte que recaudar más no significa, por sí mismo, levantar un sistema tributario sólido. Reglas ambiguas, cambios de última hora y conflictos derivados de la falta de claridad quizá no figuren en el reporte mensual, pero sí pesan en las decisiones de inversión, crecimiento y contratación. Ahí se marca el contraste entre el relato oficial de éxito y la realidad de una reforma que, según la experiencia internacional citada, también debe evaluarse por su proceso, su precisión legal y su capacidad para resistir más allá del gobierno de turno.
Ese aspecto adquiere mayor relevancia cuando un análisis de la Tax Foundation, publicado en agosto pasado, apunta que los cambios sustantivos a la legislación tributaria se aprobaron en apenas siete días, desde el anuncio inicial hasta el visto bueno de ambas cámaras y la firma presidencial. La misma referencia sostiene que en ese lapso no hubo espacio para tres elementos asociados a una reforma exitosa: consulta significativa, transparencia durante todo el proceso y redacción clara y precisa. Más que un debate cerrado por la recaudación, el Plan Anticrisis deja abierta una exigencia de fiscalización sobre Hacienda y el Gobierno: determinar si el país obtuvo una solución duradera o solo una respuesta rápida con costos institucionales y sociales todavía por medir.