La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de San José de Ocoa impuso tres meses de prisión preventiva a Nerys Encarnación y Juan Encarnación, señalados por cortar y destruir árboles en un área cercana a la Placeta de Yuna, en Rancho Arriba, dentro de la zona de amortiguamiento del parque nacional La Humeadora y Valle Nuevo. Ambos cumplirán la medida en la cárcel de Baní, luego de que el tribunal entendiera que se trata de un caso grave.
El expediente fue presentado por el procurador fiscal de Medio Ambiente, Ramón Calderón, y por Marielis Yrizarri, abogada representante del Ministerio de Medio Ambiente. El caso vuelve a poner bajo la lupa la capacidad de vigilancia sobre los espacios protegidos. Los propios funcionarios admitieron que los delitos ambientales más comunes en esa jurisdicción son la tala y corte de árboles, además de la contaminación sónica, una señal de la persistencia del problema más allá de este hecho puntual.
La advertencia institucional llega en un año en que se han reportado daños a los recursos naturales por incendios forestales y otras infracciones en zonas como La Cieniguita, Palo de Caja y Sabana de San Juan, con afectación de distintas especies. A ello se suma un operativo reciente coordinado con el Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa), en el que fueron desmanteladas cuatro casuchas construidas por nacionales haitianos en áreas protegidas del distrito municipal La Ciénaga, según informó el dasónomo Vidal Sánchez, director provincial de la institución. El panorama refuerza el contraste entre la defensa oficial de los bosques y la repetición de hechos que mantienen abierta la exigencia de control y rendición de cuentas sobre la protección ambiental en Ocoa.