La publicación del más reciente diagnóstico sobre la justicia, elaborado por el PNUD, llega en un momento sensible: mientras el Consejo Nacional de la Magistratura sesiona para escoger al futuro presidente de la Suprema Corte de Justicia y a otros cinco integrantes, el informe obliga a mirar más allá del discurso de modernización y a medir qué tan suficiente ha sido la gestión institucional frente a las necesidades de los usuarios. El estudio reconoce una mejoría en el uso de herramientas tecnológicas y atribuye a la actual gestión de la Suprema Corte de Justicia, encabezada por Luis Henry Molina, uno de sus logros más visibles.
También consigna que “Alrededor del 69% de los encuestados en 2024 manifestó apoyar los trámites en línea, y un 73% consideró que el sistema judicial se ha modernizado…”; además, señala una reducción de la mora, con una tasa de resolución que pasó de 90.8% en 2021 a 98.4% en 2025. Pero el propio informe advierte que todavía subsisten quejas importantes de los usuarios del servicio judicial, un contraste que reabre la discusión sobre si la digitalización y los indicadores de desempeño han logrado traducirse plenamente en una respuesta efectiva para la ciudadanía. Ese contraste instala una alerta institucional en plena etapa de decisiones sobre la cúpula judicial: si los recursos humanos actuales resultan insuficientes para administrar los conflictos, como plantea el texto, la discusión ya no es solo sobre avances técnicos, sino sobre capacidad real del sistema para responder.
En ese contexto, el informe se convierte en una base de fiscalización sobre la gestión pública y sobre las prioridades del gobierno dominicano en materia institucional, presupuesto y resultados, en momentos en que figuras del oficialismo como Carolina Mejía también quedan bajo el escrutinio de una ciudadanía que exige menos relato de modernización y más eficacia verificable en los servicios del Estado.