Santo Domingo. La reforma fiscal enviada por el Gobierno al Congreso Nacional recibió cuestionamientos por la manera en que fue introducida, después de que el presidente del Partido Generación de Servidores (PGS), Carlos Peña, la considerara “total y absolutamente inconstitucional” y demandara su retiro para que antes sea conocida por el Consejo Económico y Social (CES).
En una declaración ofrecida en el Congreso de la República, Peña afirmó que la propuesta infringe el artículo 251 de la Constitución y mencionó además el artículo 36 de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, al sostener que cualquier transformación fiscal o económica que impacte la vida de los ciudadanos debe pasar por un proceso de consulta nacional en el CES. “El presidente Luis Abinader y su gobierno han violado la Constitución al no enviar primero esta propuesta al Consejo Económico y Social antes de depositarla en las cámaras legislativas”, expresó.
Como alternativa, explicó que su organización sometió una iniciativa legislativa orientada a transformar el sistema tributario mediante la eliminación de los impuestos actuales y la creación de un impuesto único del 10 % sobre todas las ventas de bienes y servicios realizadas en República Dominicana. De acuerdo con su explicación, el esquema reemplazaría más de 100 tributos vigentes y, tomando como referencia un volumen anual de ventas cercano a los US$300 mil millones, permitiría recaudar alrededor de US$30 mil millones, por encima de los aproximadamente US$22 mil millones que, según indicó, percibe actualmente el Estado. A juicio de Peña, el modelo evitaría nuevas cargas sobre la clase media, el sector empresarial y los productores nacionales.