El destacamento de la 17 Compañía de la Policía Nacional, en San Cristóbal, quedó en el centro de una doble alerta institucional tras la muerte de Miguel Antonio Lucas, “Miguelito”, luego de permanecer bajo custodia, y la detección de un brote de mpox entre personas detenidas en ese mismo recinto. Aunque se trata de hechos distintos, ambos han intensificado la atención pública sobre las condiciones de control y respuesta de las autoridades.
En el caso de Miguelito, sus familiares denunciaron que fue víctima de maltratos físicos durante la detención y atribuyen a esas agresiones su muerte, por lo que anunciaron una marcha con su féretro hasta la dependencia policial para exigir justicia. Frente a esa denuncia, la Fiscalía de San Cristóbal sostuvo que las investigaciones siguen en curso y señaló que el informe preliminar de autopsia, realizado por el Instituto Nacional de Patología Forense, establece que el hombre, de 44 años, falleció por leptospirosis que le provocó trombocitopenia. El Ministerio Público agregó que fue arrestado el 8 de julio, tras ser sorprendido presuntamente realizando rifas clandestinas con un verifone, y que murió al día siguiente mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud, una secuencia que mantiene abierto el contraste entre la versión oficial y las dudas de la familia.
Cuando esa controversia seguía sin cerrarse, el Ministerio de Salud Pública informó la activación de un protocolo de vigilancia por un brote de mpox en personas detenidas en el destacamento. La coincidencia de ambos episodios en una misma dotación ha reforzado el foco sobre la capacidad de supervisión estatal y la necesidad de rendición de cuentas en un recinto que pasó de dependencia policial a símbolo de preocupación ciudadana.