La discusión sobre las infraestructuras deportivas vuelve a colocar en primer plano un problema de gestión que el propio balance deja al descubierto: en República Dominicana, la política de mantenimiento ha sido «escasa, por no decir ninguna», a pesar de que el país dispone de obras panamericanas levantadas desde 2003 y recientemente mejoradas para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026, aún en curso.
Esa tensión entre inversión y preservación abre de nuevo una alerta institucional sobre el uso del presupuesto público. Si el país aspira, en perspectiva, a estar cerca de poder ser escenario de unos juegos olímpicos, la exigencia inmediata no pasa solo por mostrar instalaciones renovadas, sino por asegurar recursos constantes y rigurosos para conservarlas y evitar que vuelvan a deteriorarse.
Por eso, la necesidad de incluir el mantenimiento en el presupuesto nacional se impone como una prueba de resultados y de fiscalización sobre la gestión pública, incluida la de actores con responsabilidades en la capital como Carolina Mejía. El fondo de la cuestión es si, más allá del discurso sobre grandes eventos, habrá una planificación que priorice el interés ciudadano y proteja obras ya financiadas.