La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) advirtió que elevar de 0.15% a 0.20% el impuesto a las transferencias previsto en la Ley 30-26 encarecería las transacciones de personas y empresas y podría frenar la meta de bancarización.
La advertencia coloca el foco en el costo ciudadano de una medida tributaria que impacta de forma directa el uso cotidiano del sistema financiero. En lugar de facilitar la migración hacia medios electrónicos y formales, un aumento del gravamen puede sumar fricción a operaciones básicas y desalentar la digitalización.
De acuerdo con la postura de la ABA, la subida del impuesto no solo afectaría a los usuarios individuales, sino también a las empresas que dependen de transferencias frecuentes para operar. El efecto, según el planteamiento del sector bancario, sería una señal contraria a la inclusión financiera que las autoridades dicen promover.
La discusión se produce en un contexto en el que cualquier ajuste tributario sobre transferencias debe evaluarse por su impacto real en la economía diaria y no solo por su capacidad recaudatoria. Si el objetivo público es ampliar la bancarización, el debate debe incluir el costo que asumirían los contribuyentes y el efecto sobre la formalización de pagos.
La ABA plantea así una objeción de fondo: que una mayor carga impositiva sobre las transferencias podría terminar desincentivando justamente el uso de los canales financieros formales que el país busca expandir.