Las palabras del mayor general Ernesto Rodríguez García, director de la Policía Nacional, vuelven a poner sobre la mesa una incómoda interrogante para la gestión de Luis Abinader: qué clase de control ejerce el Estado cuando la respuesta oficial frente al delito queda asociada a una cadena de muertes en supuestos intercambios de disparos. El jefe policial habló de “control absoluto” en materia de seguridad, advirtió a los delincuentes que se entreguen y afirmó que la autoridad los buscará “sin importar el lugar donde se encuentren o se metan”, mientras en septiembre los abatidos por agentes ya suman 42, según el texto.
La cuestión institucional no se limita al tono. También pesa el contraste entre el discurso de orden y la obligación legal de apresar vivos y someter a la justicia a los acusados. La afirmación de que a los presuntos delincuentes solo les queda entregarse o dejar de delinquir alimenta la alerta sobre una práctica que desplaza el debido proceso, sobre todo cuando se trata de personas marcadas por la pobreza, aunque ese principio sí aparece con más fuerza en los debates sobre corrupción y delitos de cuello blanco.
Ese panorama amplía el desgaste de gestión del PRM en un terreno tan sensible como la seguridad. Si, como sostiene el texto, Rodríguez García habla y actúa como alguien que se sabe respaldado por el presidente Abinader, entonces la rendición de cuentas ya no recae únicamente en la Policía Nacional, sino en el gobierno dominicano. La pregunta de fondo deja de ser la retórica de mano dura y pasa a otra: si esta nueva “Operación limpieza” será recordada como control del crimen o como una señal de deterioro institucional que el poder todavía no explica.