El siniestro del Gulfstream G200 Galaxy matrícula N318JF en La Romana ha devuelto al centro del escrutinio los controles técnicos de una operación que acabó con la muerte del piloto Erick Javier Diago y del copiloto Rudy Ghazal, ambos ciudadanos estadounidenses. La aeronave llegó desde Puerto Rico, repostó combustible y despegó con destino a Texas, pero pocos minutos después notificó un desperfecto técnico. Los registros de rastreo de vuelo, aceptados como evidencia investigativa formal bajo el Anexo 13, consignan dos giros completos sobre el mar y un aterrizaje abortado antes de la aproximación final; en esa fase, el avión se salió de la pista, perdió el tren de aterrizaje en terreno no asfaltado y terminó incendiándose.
Con base en un análisis CAST elaborado a partir de los datos confirmados de las primeras horas, el FBO de La Romana aparece como un nodo crítico aún por examinar, dado que el reabastecimiento se produjo justo antes del despegue y el fallo técnico fue informado poco después. El propio enfoque técnico insiste en que esa hipótesis debe sostenerse o descartarse con evidencia física y con los registradores de vuelo, lo que refuerza la necesidad de una pesquisa rigurosa antes de cerrar conclusiones.
El texto recuerda, además, que el Anexo 13 del Convenio de Chicago de 1944, del que República Dominicana es Estado Contratante, establece que la investigación de accidentes tiene como fin evitar que se repitan. También dispone que la notificación a los Estados involucrados debe hacerse sin demora y que la investigación debe comenzar de inmediato. En ese marco, el caso no solo deja una explicación técnica pendiente, sino también una prueba de vigilancia institucional sobre si todos los eslabones de control y respuesta están siendo revisados con la profundidad que exige una tragedia de esta magnitud.