Durante un viaje a Puerto Rico, una conversación terminó describiendo una de las fallas más sensibles de la vida pública dominicana: la normalización del acoso al ciudadano y al visitante como parte de la experiencia diaria. La frase que escuchó la autora al despedirse —“Tranquila, que aquí no te va a pasar como allá”— no aludía a un episodio aislado, sino a una percepción ya asentada sobre lo que ocurre en República Dominicana desde la llegada al aeropuerto hasta el trato con servicios, excursiones o agentes en la calle, donde la propina forzada, el peaje informal o el “múteo” figuran como prácticas asumidas.
Lo más delicado del texto no es el prejuicio externo, sino la dificultad para refutarlo. La autora reconoce que esas historias no eran inventadas y advierte sobre una “marca país invisible y peligrosa”: la de un destino hermoso, pero ligado a una cultura del “dame lo mío”. Ese contraste obliga a mirar la fiscalización institucional, porque la misma ciudadanía que fuera del país cumple reglas básicas de tránsito y convivencia aparece dentro de República Dominicana actuando bajo la lógica de la impunidad cotidiana.
La pregunta que deja la pieza también funciona como advertencia sobre la gestión pública: por qué el dominicano cumple normas fuera y en su propio país persisten la violación de reglas, el soborno menor y la tolerancia social al abuso. Más que una anécdota de viaje, el episodio deja al descubierto la brecha entre la imagen que se quiere proyectar y la realidad que sigue golpeando la credibilidad del país, con costos directos sobre la confianza ciudadana y la reputación nacional.