Keiko Fujimori asumirá la presidencia de Perú después de imponerse por un margen estrecho de poco más de 40.000 votos, en una elección marcada por la fatiga política de un país que ha tenido ocho presidentes en diez años.
Su llegada al poder coloca nuevamente al fujimorismo en el centro de la escena política, pero también lo obliga a responder por el papel que su bloque tuvo en la sucesión de crisis que empujó al país a una etapa de alta inestabilidad institucional.
La propia dinámica parlamentaria peruana explica parte del escenario que encontrará la nueva mandataria: varias de las destituciones que precipitaron el recambio presidencial fueron impulsadas, en su mayoría, con votos de su propio bloque. Ese historial convierte la gobernabilidad en uno de los primeros exámenes de su gestión.
La elección de Fujimori no solo refleja una victoria ajustada, sino también el desgaste de las salidas de fuerza en la política peruana. Con ese antecedente, su administración quedará bajo observación por la forma en que maneje la relación con el Congreso, busque estabilidad y responda a un país que ha acumulado crisis sucesivas.
En ese contexto, la nueva presidenta afronta una expectativa doble: gobernar con resultados y demostrar distancia frente a los mecanismos políticos que contribuyeron al deterioro institucional que ahora hereda.