La quinta caída del Sistema Eléctrico Nacional en Cuba en lo que va de 2026, y la tercera en apenas una semana, volvió a poner sobre la mesa el impacto social de una crisis que golpea de lleno a miles de familias, hospitales y alimentos, en un escenario de creciente presión de Estados Unidos sobre la isla.
El Gobierno cubano atribuyó el colapso a un contexto de “máxima asfixia” económica y energética. El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, aseguró en redes sociales que Washington “condena al pueblo” y que a sus autoridades “no les importa el sufrimiento de miles de familias”, al referirse al efecto sobre “cientos de hospitales sin fluido eléctrico” y la “pérdida de alimentos por falta de refrigeración”.
De acuerdo con la versión oficial cubana, el deterioro del sistema se produce bajo el bloqueo petrolero impuesto en enero y las sanciones secundarias contra empresas vinculadas al Ejecutivo de La Habana. Rodríguez afirmó además que a la Administración de Donald Trump “no le ha sido suficiente el genocida cerco petrolero” y acusó a Washington de perseguir y sancionar a empresas cubanas y extranjeras relacionadas con un área que calificó de estratégica.
Washington endureció en enero su presión sobre Cuba con medidas que frenaron los envíos desde Venezuela a la isla tras el arresto de Nicolás Maduro, además de amenazar con aranceles a los países que le suministraran crudo. A ello se añadió la Orden Ejecutiva firmada por Trump el 1 de mayo, con la que amenaza con sanciones a cualquier persona o entidad que apoye financiera, material o tecnológicamente al Gobierno cubano o que opere en sectores clave como energía, defensa, finanzas y minería.
El episodio deja un cuadro de alerta institucional y desgaste visible: mientras La Habana insiste en responsabilizar a Washington, la población vuelve a quedar atrapada entre la presión externa y una crisis eléctrica que sigue sin estabilidad. El saldo verificable, por ahora, es uno solo: más vulnerabilidad social y más exigencia de rendición de cuentas sobre cómo se administra una emergencia que ya afecta servicios esenciales.