La apertura de una investigación del Ministerio Público en Valverde contra varios agentes de la Policía Nacional, tras una denuncia de presunta agresión sexual contra una joven haitiana, vuelve a colocar a la institución bajo presión por su capacidad real de control y vigilancia, más allá de su discurso oficial sobre derechos humanos y transparencia.
El director regional Noroeste de la Policía, general Ramón S. Azcona Reyes, dijo que se ordenó indagar el caso para aclarar lo sucedido y fijar responsabilidades. La denuncia se produjo luego de que la joven, en condición migratoria irregular, fuera detenida el pasado domingo junto con otras personas durante un operativo en el municipio de Esperanza y después reportara la presunta agresión.
La Policía agregó que los agentes que participaron en la intervención fueron citados por la Unidad de Atención a la Violencia de Género del Ministerio Público para ser entrevistados y colaborar con el proceso. Señaló además que la joven fue evaluada por un médico legista y que el certificado médico preliminar establece que no presenta evidencias de agresión sexual, aunque las pesquisas siguen para determinar de manera objetiva e imparcial lo ocurrido.
El hecho de que los policías involucrados hayan sido puestos a disposición del Ministerio Público no despeja la alarma institucional: la gravedad de la denuncia, la vulnerabilidad de la detenida y la decisión de no revelar los nombres de los agentes mantienen vigentes las exigencias de fiscalización pública y de seguimiento por parte de la sociedad civil. En un caso que compromete seguridad, derechos y confianza institucional, el costo social no se mide por el comunicado, sino por la capacidad del Estado para ofrecer respuestas verificables y responsabilidades claras.