La expansión de la inteligencia artificial dejó de ser una discusión abstracta y obliga a mirar una realidad concreta: detrás de cada servicio digital hay demanda de electricidad, agua, suelo, conectividad, centros de datos, talento técnico y marcos regulatorios. La presión sobre la infraestructura ya se hace visible a escala global. La Agencia Internacional de Energía estima que el consumo eléctrico de los centros de datos podría duplicarse hacia 2030, llegar a cerca del 3% de la demanda mundial y aumentar alrededor de 15% anual entre 2024 y 2030, impulsado por la IA, la nube y los servicios digitales.
También cambió el eje del debate internacional. Ya no basta con atraer centros de datos: ahora se trata de fiscalizar cómo operan, cuánta energía consumen, qué agua requieren, dónde se instalan y bajo qué estándares funcionan. América Latina entra a esa carrera con fuertes desigualdades. El Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2025 señala que Brasil concentra más del 90% de la capacidad de cómputo regional, una muestra de que la brecha no empieza en los algoritmos, sino en infraestructura, datos, talento y capacidad de adopción. En el mercado laboral, el estudio del Banco Mundial y la OIT suma otra advertencia: entre 26% y 38% de los empleos de América Latina y el Caribe están expuestos a la IA generativa, pero solo entre 8% y 14% podrían ganar productividad, mientras hasta 17 millones enfrentan límites por brechas digitales e infraestructura insuficiente.
En República Dominicana, el punto de partida sigue siendo pequeño. Data Center Map registra tres centros de datos en Santo Domingo, una escala reducida frente a Brasil, México o Chile. Esa etapa inicial puede representar una oportunidad, pero también deja en claro la necesidad de definir condiciones antes de escalar, para evitar que el impulso digital se quede en discurso mientras persisten rezagos en infraestructura y preparación. El propio diagnóstico indica que el desafío no es únicamente tecnológico, sino también económico, ambiental y territorial, lo que vuelve indispensable una vigilancia más estricta sobre prioridades, capacidad real y reglas de desarrollo.