Los asesinatos de Esmeralda Moronta de los Santos y Nancy Sánchez Gálvez han vuelto a colocar bajo escrutinio la capacidad de respuesta de las instituciones ante la violencia de género. Más allá de la conmoción por los hechos, ambos casos golpean en un punto sensible: ocurrieron en entornos vinculados a la protección y la atención, lo que ha reforzado la percepción de que, para algunos agresores, ni las fiscalías ni los hospitales están funcionando como barrera efectiva.
El 13 de mayo, Moronta acudió a la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género de Alma Rosa, en Santo Domingo Este, para denunciar a su expareja por presunto acoso, persecución y hostigamiento. Expresó temor por su seguridad y buscó protección. Sin embargo, tras salir de la dependencia judicial, fue interceptada y atacada por el hombre al que había denunciado, a escasa distancia de la fiscalía. El caso provocó cuestionamientos sobre la capacidad del sistema para responder cuando una mujer acude a denunciar una situación de riesgo.
Poco más de un mes después, el asesinato de Nancy Sánchez Gálvez en las inmediaciones del área de emergencia de un hospital volvió a estremecer al país y a profundizar la alarma social. En ambos episodios, organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, ciudadanos y sectores sociales han reclamado revisar los protocolos de protección para víctimas de violencia de género, en medio de una presión creciente para que las instituciones rindan cuentas sobre la eficacia real de sus mecanismos de resguardo.