La defensa de Everest Tower afirmó que la sentencia de la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) no es definitiva, pero el caso ya dejó un dato políticamente sensible: los documentos observados por la justicia fueron expedidos por la propia Alcaldía del Distrito Nacional entre 2020 y 2023, durante la gestión de Carolina Mejía. Para Grupo Choroni, la decisión judicial coloca bajo cuestionamiento actuaciones adoptadas previamente por la administración municipal.
Según la decisión del TSA, el proyecto pasó de una edificación de 64 apartamentos a una estructura de 238 suites tipo condominio-hotel, además de restaurantes, oficinas, salones de eventos, áreas de servicios y un helipuerto. La empresa alega que esos permisos fueron tramitados, revisados y aprobados por la Dirección de Planeamiento Urbano del cabildo, y que luego la propia Alcaldía promovió la acción de lesividad aceptada por el tribunal para anular actos que antes había autorizado. El abogado Julio Cury sostuvo que la desarrolladora no participó en la elaboración de los actos administrativos anulados y que se limitó a solicitar los permisos requeridos. También argumentó que, si existían incompatibilidades con la normativa urbanística vigente, correspondía a la administración detectarlas antes de emitir las autorizaciones.
Con los tres actos anulados fechados en 2020, 2022 y 2023, el expediente refuerza el contraste entre discurso y gestión y vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de vigilancia institucional sobre las decisiones del cabildo.