Las medidas económicas que presentó el Gobierno se apoyan en la responsabilidad fiscal y en la coyuntura internacional, pero su propio planteamiento deja ver que la administración ha debido entrar en un proceso de ajuste, con recorte y reorientación del gasto público. Así, el debate deja de girar solo en torno a la versión oficial y pasa a centrarse en cómo se llegó a este escenario y cuál será el costo real para la población.
Según el Gobierno, la presión de los precios internacionales del petróleo, los costos logísticos y otras tensiones externas hacen necesario buscar equilibrios para evitar más inflación, menor inversión pública, deterioro de los programas sociales y una mayor vulnerabilidad de las familias. Sostiene además que las medidas no tocan el ITBIS, no afectan las compras por internet, no elevan el IPI ni cargan el impuesto sobre la renta de las Mipymes, y al mismo tiempo incluyen la eliminación de anticipos para microempresas, facilidades tributarias para pequeños negocios, la ampliación del Régimen Simplificado de Tributación y alivios para sectores productivos y familias.
Pese a ello, una de las disposiciones contempla el aumento de la tasa del impuesto a cheques y transferencias electrónicas, que sube de 0.15% a 0.20%, un cambio que el oficialismo procura presentar como menor al señalar que en una operación de RD$100,000 la diferencia sería de RD$50. Con todo, la discusión de fondo apunta a la distancia entre el discurso de sensibilidad social y la necesidad de explicar con claridad por qué, en medio de un ajuste, se recurre a más cargas y recortes, y de qué manera se protegerá realmente a la clase media y a las familias.