El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dio a conocer varias medidas económicas para ajustar el país a «las exigencias de los tiempos actuales», aunque la reacción inmediata dejó al descubierto el principal escollo del paquete: la falta de credibilidad en medio de una crisis profunda. La comparecencia, convocada de manera sorpresiva y solo ante medios estatales, incluyó cambios destinados a descentralizar y otorgar mayor «autonomía» a empresas estatales, provincias y municipios, además de transformaciones en turismo, comercio exterior, inversión extranjera y sector privado.
Sin generar consenso, el anuncio produjo posturas divergentes entre los cubanos y puso de relieve el contraste entre el discurso oficial y el desgaste acumulado. «A mí me parece que esas medidas ya las había mencionado en otras ocasiones. ¿No sé por qué me suenan hasta conocidas y que al final no se habían implementado? Que eran cosas que se han dejado, y como que ahora ya es una cosa desesperada», dijo a EFE Maydolis Oliva, una habanera de 39 años. La mujer, que caminaba por el municipio Playa cargada con productos básicos para el hogar como aceite para cocinar y aseo, resumió además el escepticismo sobre el alcance real de las decisiones: «Ya llegó como un top en que lo tienen que hacer; y que no va a solucionar nada a esta altura de la vida».
El Gobierno no relacionó las reformas con la negociación con EE.UU., aunque Washington sí presiona a La Habana para que introduzca reformas económicas y políticas. Díaz-Canel afirmó que «son tiempos en que hay que cambiar y el país no puede seguir funcionando igual», al tiempo que defendió que «el país no está detenido». No obstante, el anuncio llega en un contexto marcado por la grave crisis energética que sufre Cuba desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU. y por sanciones reforzadas desde mayo contra sectores vitales de la economía, un escenario en el que se han multiplicado los apagones y crece la exigencia de resultados concretos más allá de nuevas promesas.