SANTO DOMINGO.- El curso del caso Calamar volvió a situar en discusión la consistencia de una de las causas de mayor impacto político, tras señalamientos de juristas que apuntan a que la jueza del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, no valoró pruebas de descargo y omitió la lectura del “falso informe de auditoría” que sirvió de base al expediente, además de otros errores que califican de graves.
Abogados consultados sostienen que en el proceso no existió desfalco contra el Estado y que la acción está extinguida para el exministro de Hacienda Donald Guerrero y el abogado Ángel Lockward, debido a que lleva más de cinco años en los tribunales. Un documento citado afirma, además, que la decisión “deshilvanó el expediente” al dictar auto de no ha lugar a Gonzalo Castillo, mientras mantuvo financiamiento ilícito de campaña contra otras 14 personas, “sin que haya partido o candidato en el proceso”.
El mismo texto añade que la magistrada también dictó auto de no ha lugar a favor de Marcial Reyes al rechazar la acusación de falsedad en escritura y, a la vez, levantó la oposición a pago al saldo de las propiedades del Aeropuerto de las Américas, al considerar válidos contratos firmados con el Gobierno. Según lo expuesto en audiencias, los casos conocidos por esa magistrada correspondían a propiedades tituladas, declaradas de utilidad pública, ocupadas por el Estado y justipreciadas por el juez competente, por lo que el pago procedía. El debate vuelve así a abrir interrogantes sobre la solidez institucional del proceso y sobre la necesidad de revisar con rigor expedientes de alto perfil antes de convertirlos en emblemas públicos.