La reunión encabezada por el presidente Luis Abinader sirvió para presentar una nueva baja en los indicadores de criminalidad, con una tasa acumulada de homicidios de 7.36 por cada 100 mil habitantes hasta el 25 de septiembre de 2026 y una reducción de 40.5 % en los robos. Sin embargo, el propio informe de la Fuerza de Tarea Conjunta registra 99 homicidios en septiembre, un dato que vuelve a colocar el foco en la necesidad de fiscalizar los resultados oficiales más allá del balance favorable que proyecta el Gobierno.
De esos 99 homicidios, 45 estuvieron vinculados a Acción Legal, 35 a Conflicto Social, 11 a Delincuencia y ocho siguen en proceso de investigación. El reporte también consigna 147 personas heridas, con el conflicto social concentrando el 48.3 % de los casos y las riñas como principal motivo identificado, con 50 hechos. Aunque 28 de los 35 territorios analizados mantienen tasas de un solo dígito, los datos muestran que la seguridad sigue atravesada por violencia social y expedientes aún sin cerrar, un contraste que mantiene abierta la exigencia de explicaciones institucionales.
En robos, el informe reporta 3,504 casos frente a 5,891 en igual período de 2025, equivalente a 2,387 hechos menos. La reducción también se compara a la baja frente a 2024, 2023 y 2022. Aun así, el debate político no se agota en la presentación de porcentajes: la oposición, incluida Fuerza del Pueblo, conserva espacio para exigir que la administración de Abinader traduzca estos reportes en resultados sostenidos y verificables para la vida cotidiana, sin convertir la seguridad en una vitrina de gestión desligada de la vigilancia ciudadana y del control institucional.