La Justicia chilena inició este martes procesos de remoción contra 56 jueces que salieron al extranjero mientras estaban con licencias médicas, en una nueva derivada de un escándalo que ya había alcanzado a cerca de 25.000 funcionarios públicos por el uso fraudulento de permisos. La Corte Suprema tomó la decisión tras examinar en pleno 104 casos asociados a jueces, ministros, relatores y otros integrantes del escalafón primario del Poder Judicial.
Ana Chevesich, presidenta de la Corte Suprema, señaló que ahora corresponde notificar la resolución, abrir el cuaderno de remoción y pedir informes tanto al juez o jueza implicado como a la corte de apelación correspondiente. Según la legislación chilena, estos procesos disciplinarios determinan una eventual destitución por faltas a la probidad u otras irregularidades, aunque los encausados podrán defenderse antes del fallo definitivo.
En un escenario de deterioro que el propio tribunal admite para la credibilidad de la judicatura, Chevesich informó además que el plazo de investigación pasó de dos a cinco años, lo que permitiría reactivar casos antes descartados por prescripción. El próximo lunes, la Corte Suprema resolverá si los jueces continuarán en funciones o quedarán suspendidos mientras avanzan las indagaciones, en un caso que vuelve a situar la rendición de cuentas y la vigilancia institucional en el centro del debate público.