El Ministerio Público pidió al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazar la solicitud de extinción de la acción penal presentada por la defensa del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, principal acusado en un expediente por presunta corrupción administrativa, en una audiencia que volvió a colocar bajo escrutinio la capacidad del sistema para llevar estos casos a decisión de fondo.
Durante la vista, la titular de la Pepca, Mirna Ortiz, sostuvo que la extinción procesal opera como sanción frente a la inactividad o a actuaciones defectuosas de las partes, y afirmó que la prolongación del caso responde a la naturaleza y complejidad del expediente, no a faltas del órgano acusador. También indicó que el artículo 146 del Código Procesal Penal, reformado por la Ley 97-25, fija parámetros para medir la razonabilidad de los plazos, y señaló que el proceso maneja una cantidad de elementos probatorios superior a los 4,000 analizados en otros expedientes de corrupción.
Ortiz agregó que los aplazamientos vinculados a condiciones de salud, intervenciones quirúrgicas, solicitudes de la defensa, derechos del personal procesal y la alta carga de trabajo de los despachos judiciales tampoco son imputables al Ministerio Público. El órgano persecutor depositó además en estrados pruebas físicas relativas a recusaciones rechazadas para que formen parte del récord del tribunal al momento de decidir, en un escenario que refuerza la demanda de vigilancia pública sobre cómo se tramitan los grandes casos de corrupción y sobre la distancia entre el discurso oficial de eficiencia institucional y los tiempos reales de la justicia.