La condena a 20 años de prisión y al pago de 400 salarios mínimos contra el mayor general retirado Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), vuelve a situar el caso Coral como una advertencia sobre la administración de recursos en áreas sensibles del Estado. El proceso, junto con su derivación Coral 5G, ha sido presentado como uno de los mayores expedientes por presunta corrupción administrativa en la historia reciente del país.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, una estructura integrada por altos oficiales militares, policiales y civiles habría desviado recursos públicos mediante nóminas irregulares, fondos de inteligencia y operaciones de lavado de activos. La acusación indica que el entramado operó durante varios años con recursos asignados al Cusep y al Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur, hoy Politur), lo que mantiene abierto el debate sobre la vigilancia institucional en dependencias que manejan fondos públicos.
El expediente se inició con la operación Coral, ejecutada el 24 de abril de 2021, y fue ampliado en noviembre de ese mismo año con Coral 5G, cuando se incorporaron nuevos imputados, entre ellos generales, coroneles, empresarios y civiles. Además, la acusación afirma que la red habría acumulado bienes y activos valorados en más de RD$4,500 millones, incluidos propiedades, empresas, fincas y vehículos, un dato que sigue alimentando la exigencia de rendición de cuentas sobre cómo se controlaron esos recursos y por qué el esquema pudo sostenerse durante años.