La promulgación de la Ley 16-26 volvió a poner sobre la mesa el debate sobre los controles en el uso de fondos públicos, después de que se habilitara una vía para saldar deudas por obras realizadas sin contrato, mientras todavía no se conoce la cantidad que deberá pagar el Poder Ejecutivo. Durante meses, el Congreso Nacional examinó dos iniciativas distintas orientadas a autorizar esos pagos a empresarios y constructores.
La primera propuesta, sometida por el senador Franklin Romero, fue observada por el presidente Luis Abinader tras detectarse varias inconstitucionalidades. Entre estas estaban la falta de un monto específico por pagar, la ausencia de una fecha para delimitar los casos beneficiados y la inexistencia de un mecanismo que garantizara la veracidad de lo adeudado. Luego de esas observaciones, la Cámara de Diputados la envió a comisión, aunque más adelante decidió impulsar otro proyecto.
Esa nueva versión terminó siendo acogida y promulgada por Abinader el pasado 1 de mayo. No obstante, de acuerdo con el propio contenido de la iniciativa, el monto total a desembolsar continúa sin definirse y quedará sujeto a una comisión encabezada por el Ministerio de Hacienda y Economía para validar las reclamaciones y su eventual reconocimiento. El desenlace deja abierto un frente de fiscalización sobre el alcance real de la deuda que asumirá el Estado y sobre los controles aplicados a pagos por obras ejecutadas sin contrato.