BUGA (COLOMBIA).– La fase decisiva de la campaña presidencial colombiana quedó este domingo atravesada por una denuncia que vuelve a situar bajo la lupa la capacidad del Estado para asegurar comicios libres en áreas sometidas a presión armada. El candidato Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, sostuvo en Buga que grupos armados ilegales están intimidando a quienes voten por él en Cauca y Nariño, y alertó sobre una «grave amenaza contra la democracia y la libertad electoral» en municipios del Pacífico.
De acuerdo con su exposición, en más de 46 de los 64 municipios de Nariño y en más de 36 de los 42 del Cauca hay presión de grupos ilegales sobre la población. De la Espriella relacionó esa situación con territorios donde, según dijo, hubo «resultados electorales atípicos» en la primera vuelta del 31 de mayo, y aseguró que en esas zonas se estaría obligando a ciudadanos a fotografiar el tarjetón marcado por Iván Cepeda para emplear esa imagen como salvoconducto en retenes ilegales. El señalamiento coloca en primer plano no solo la seguridad de los votantes, sino también la exigencia de control y rendición de cuentas sobre las condiciones reales en que transcurre la competencia electoral.
La denuncia se produjo en el cierre de campaña de De la Espriella para la segunda vuelta del 21 de junio, en un escenario en el que la última encuesta publicada este domingo le concede 48,6 % de intención de voto frente a 44,7 % de Cepeda, mientras 6,7 % se inclina por el voto en blanco. En medio de esa ventaja, la acusación suma un elemento de alerta institucional: más allá de la disputa entre candidatos, la atención se desplaza hacia la protección efectiva del sufragio en regiones donde la presencia de grupos armados sigue condicionando la vida ciudadana.