La medida de coerción solicitada en el caso Senasa 2.0 incorpora un elemento que agrava las dudas sobre la supervisión institucional: el doctor Adriano Hernández López, fallecido en 2024, no fue imputado aunque la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) lo sitúa dentro de la estructura investigada. De acuerdo con el Ministerio Público, fue uno de los médicos que más fondos transfirió a la cuenta de ahorros a nombre del imputado Ángel Luis Guzmán Vásquez.
El expediente presenta para los 21 doctores un mismo patrón apoyado en transacciones bancarias, conversaciones y entrevistas a testigos que negaron haberse realizado procedimientos con los galenos. En el caso de Hernández López, la solicitud afirma que integró el grupo coordinado por Guzmán Vásquez y que participó en maniobras fraudulentas mediante formularios de reclamaciones médicas con firmas falsificadas de afiliados.
La acusación cita a Waster Alexander Paulino, Francisco De Oleo Ogando, Mariant Johanna Rodríguez Reyes, Marcell Arriaga Brión De Rosario y Germall José Rosario Peña, quienes aparecen como afiliados en formularios presentados por Hernández López y cuyas firmas, según el Ministerio Público, no coinciden con sus rasgos caligráficos. Así, el caso vuelve a enfrentar el discurso de protección del seguro público con una investigación que apunta a fallas de control y a un impacto directo sobre la confianza en la administración de los recursos y la necesidad de una fiscalización más estricta.