Las respuestas de las defensas en el caso Senasa 2.0 abrieron un nuevo frente de escrutinio sobre el manejo institucional del expediente, después de que abogados de varios imputados afirmaran que los allanamientos y arrestos no los sorprendieron. Billy Gerónimo, representante legal de Angeury Guzmán, sostuvo que se sabía que en algún momento esas acciones iban a producirse y afirmó que su defendido, detenido en la capital, está preparado para responder a las acusaciones. “Estamos preparados para la fijación de la medida de coerción; (preparados) para echar el pleito”, dijo.
En términos similares se expresó Manuel Mateo, abogado de dos médicos vinculados al caso, al asegurar que sus representados no representan peligro de fuga ni obstaculizarán el proceso judicial. A su juicio, la etapa siguiente puede desarrollarse con ellos en libertad. “Son profesionales de la salud y, además, no van a obstaculizar el normal desarrollo de la investigación. Son personas que tienen arraigos más que suficientes, profesionales de la salud connotados. Ellos sabían del proceso de investigación desde hace más de un año y no se sustrajeron”, explicó.
El Ministerio Público pidió el sábado 18 meses de prisión preventiva para 25 de los arrestados en la operación Cobra 2.0-A, ejecutada el viernes en el marco de las pesquisas sobre un supuesto entramado de corrupción administrativa que habría sustraído fondos públicos aprovechándose del Seguro Nacional de Salud (Senasa). La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Pepca, encabezó el equipo de fiscales que depositó la solicitud ante la Oficina Judicial correspondiente. En un caso que involucra recursos públicos y servicios sensibles, las declaraciones de las defensas colocan el foco en la necesidad de seguimiento ciudadano y rendición de cuentas sobre el curso y los resultados del proceso.