SANTO DOMINGO.— Participación Ciudadana puso el foco sobre un punto sensible del sistema judicial al plantear que la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia cada siete años puede afectar su independencia, una señal de alerta institucional en momentos en que la discusión sobre reglas y controles vuelve al centro del debate público.
Durante una entrevista en el programa Esferas de Poder, el coordinador general de la entidad, Francisco Álvarez Valdez, dijo estar de acuerdo con modificar ese esquema cuando se produzca una nueva reforma constitucional. “Estamos completamente de acuerdo con modificar el sistema. Eso es lo primero. Ahí vamos a tener mucho consenso”, afirmó, al cuestionar que el Consejo Nacional de la Magistratura deba revisar periódicamente la permanencia de los magistrados de la SCJ.
Álvarez Valdez sostuvo que el mecanismo vigente resulta perjudicial porque coloca a los jueces ante la posibilidad de que su continuidad dependa de una evaluación periódica. Recordó que antes de la reforma constitucional de 2010 existía otro modelo, en el que los jueces de la Suprema Corte y de las altas cortes permanecían en sus funciones hasta alcanzar la edad de retiro, y consideró que ese esquema debería volver a ser tomado en cuenta. También comparó esa situación con la disposición sobre la Procuraduría General de la República, cuya titularidad, según explicó, quedó fijada por períodos de dos años con posibilidad de ratificación.
El señalamiento de Participación Ciudadana también alcanzó la composición de la Suprema Corte. El jurista advirtió que actualmente quedarán dos mujeres de las cinco que antes integraban el tribunal, con lo que reabrió la exigencia de equilibrio de género y de revisar cómo se toman decisiones clave en las instituciones. En un escenario donde la sociedad civil reclama vigilancia sobre el poder, la discusión vuelve a colocar presión sobre los mecanismos de selección y permanencia de quienes administran justicia.