La Semana del Impulso a la Paridad Política concluyó el 10 de septiembre en Santo Domingo con más de trescientas mujeres rurales y lideresas de la región reunidas durante cuatro días para capacitarse con la mira puesta en aspirar a cargos electivos. El balance del encuentro, sin embargo, dejó sobre la mesa el problema de fondo: aunque la República Dominicana avanzó en asegurar por ley la presencia de mujeres en las boletas, todavía queda pendiente que puedan competir en condiciones reales.
La distancia entre el discurso y la realidad se hace más visible en el punto más concreto del proceso electoral: los recursos. El texto destaca que muchas de estas mujeres ya cuentan con arraigo comunitario, experiencia organizativa y liderazgo probado, pero una candidatura implica sostener recorridos, equipos y estructura de campaña. En otras palabras, la ley abrió espacio en la nominación, pero no corrigió la desigualdad material que termina condicionando quién puede convertir ese derecho en una opción viable.
Las leyes 33-18 y 20-23 establecieron mecanismos para ampliar la participación femenina en las candidaturas, con nominaciones integradas por no menos de un 40 % ni más de un 60 % de hombres y mujeres. Aun así, el cierre de esta semana de formación reaviva una alerta institucional: la inclusión formal no alcanza si el sistema político no asegura competitividad efectiva. En ese marco, la sociedad civil mantiene la presión para que la paridad no quede reducida a una presencia simbólica, mientras sigue la exigencia de fiscalizar resultados y no solo anuncios sobre participación.