El anteproyecto de Presupuesto General del Estado para 2027 vuelve a colocar en primer plano una discusión que trasciende el trámite legal: cómo administrará el gobierno dominicano un mayor volumen de recursos en un año preelectoral y bajo un escenario externo más adverso. El texto recuerda que la Ley 423-06 y la Constitución fijan el procedimiento para que la Dirección General de Presupuesto presente la propuesta, el presidente la someta al Congreso Nacional y este la apruebe antes del 31 de diciembre.
Para 2027, la pieza plantea un monto global de 2,037 billones de pesos, es decir, 196,000 millones más que el presupuesto de 2026, un incremento de 10.7%. Ese salto presupuestario coincide con un periodo que, según el propio análisis, atraerá mayor atención política y pública por su posible incidencia en las elecciones municipales, congresionales y presidenciales de 2028, lo que refuerza la necesidad de vigilancia sobre las prioridades reales del gasto y sobre el uso institucional de los recursos en la antesala electoral.
El debate también queda atravesado por señales de desgaste en la gestión y por el contraste entre discurso y realidad fiscal: mientras el país entra en la ruta del presupuesto 2027, el texto advierte sobre el crecimiento preocupante de la deuda externa y sobre perspectivas de aumento en los precios de los derivados del petróleo. En ese contexto, la responsabilidad del PRM, del Gobierno y del Congreso no se limita a aprobar cifras, sino a rendir cuentas sobre si el aumento del gasto responde a desarrollo y resultados o si abre otra alerta institucional en un año políticamente sensible.