Una jueza del Distrito Nacional dio luz verde a Transcaribbean Energy Partner & Consulting (TEPC) para trabar embargos patrimoniales por US$5 millones contra Carlos Matamoros Bregni, representante en el país de Dynex Energy Group y Dynex Energy, en el marco de una querella por supuesto abuso de confianza. La decisión, emitida por Clara Luz Almonte, acogió de forma parcial la solicitud y descartó el impedimento de salida pedido por la parte querellante.
El expediente pone bajo la lupa un conflicto relacionado con un proyecto de generación térmica que, de acuerdo con los abogados de TEPC, nació de un convenio firmado en mayo de 2018 y que otorgaba exclusividad a esa empresa como socio local, con una distribución de 55% para el querellante y 45% para Dynex sobre los fondos generados. La parte reclamante afirma que, pese a 18 transferencias de Karpowership a Dynex entre marzo y abril de 2025, por RD$15,098,495.04 y US$3,098,396.71, nunca recibió el 55% que dice corresponderle y que lleva seis años exigiendo.
De su lado, la defensa de Dynex sostiene que se trata de un asunto “estrictamente civil” y que desde 2010 permanece pendiente de fallo un proceso en la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia, originado por una demanda en cobro de pesos y validez de embargo retentivo. Más allá de esa controversia, la orden de embargo vuelve a colocar el foco sobre la necesidad de vigilancia institucional y de respuestas claras en disputas de alto impacto económico, en un escenario donde los conflictos prolongados contrastan con cualquier discurso de normalidad y estabilidad en la gestión de proyectos estratégicos.