La garantía de presentar a toda persona detenida ante un juez en un máximo de 48 horas, prevista en la Constitución, el Código Procesal Penal y los tratados internacionales de derechos humanos, está quedando desbordada en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este. Según el texto, casos que antes se conocían dentro de ese marco ahora se extienden por más de 20 días, no por la complejidad de las investigaciones, sino por disposiciones del propio sistema de justicia que han terminado afectando a los detenidos.
El contraste entre la norma y el resultado es el centro de la crisis: una protección creada para evitar detenciones arbitrarias pierde eficacia cuando el control judicial se retrasa por problemas administrativos. La falta de transporte para mover a los detenidos desde los destacamentos policiales hasta las cárceles preventivas aparece como una de las causas señaladas, en un escenario que desplaza el costo de la desorganización estatal hacia ciudadanos privados de libertad.
La situación reabre la exigencia de fiscalización sobre la gestión institucional y de rendición de cuentas sobre decisiones que, en vez de agilizar procesos, los han deteriorado. El caso también coloca presión sobre la sociedad civil para mantener vigilancia sobre el cumplimiento de garantías básicas, mientras persisten señales de desgaste en la capacidad del Estado para hacer valer derechos que la ley ya reconoce.