Aunque Banreservas rechazó inmovilizar fondos de la Junta Central Electoral, el embargo pedido por Latin Events, LLC no llegó a prosperar por ahora. Sin embargo, el conflicto judicial que rodea al órgano electoral sigue abierto. De acuerdo con un comunicado de la propia JCE, esa negativa del banco se fundamentó en la Ley 86-11 y en la sentencia 0048-2015 del Tribunal Constitucional, que prohíben congelar fondos públicos salvo que exista una decisión definitiva, condición que la institución asegura que no se da en este caso.
La JCE también informó que presentó de manera formal un recurso de apelación contra el auto dictado el 29 de junio de 2026 por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. Esa decisión acogió una solicitud de homologación de sentencia extranjera promovida por Latin Events. La apelación, fechada el 16 de julio de 2026, cita y emplaza a la empresa ante la Cámara de lo Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
En su respuesta, la Junta aseguró que “no existe evidencia alguna” de aprobación ni autorización por parte del Pleno ni del presidente de la JCE para la compra de los supuestos servicios reclamados. La propia institución enmarca ese señalamiento como una cuestión de debida contratación pública, lo que deja abierto un foco de fiscalización sobre los controles internos y sobre cómo un conflicto de esta naturaleza termina por comprometer, aunque sea de forma tentativa, recursos de un órgano clave del Estado.