La decisión del Comité Olímpico Dominicano (COD) de no incluir a Wander Franco para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 dejó al descubierto un problema que va más allá del caso de un jugador: el incumplimiento del debido proceso dentro de la estructura deportiva. De acuerdo con lo dicho públicamente por Garibaldy Bautista, presidente del COD, Franco no podía formar parte de la selección, y la medida no estuvo relacionada con el proceso judicial que enfrentó el pelotero.
Juan Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol (Fedom), afirmó que quiere contar con Franco en el equipo, aunque respeta la decisión del COD. A eso se suma lo expuesto por Tony Mesa en Mañana Deportiva: Fedom no completó la inscripción dentro del plazo fijado. La discusión, entonces, deja de centrarse solo en si el COD obró correctamente y pasa a por qué la federación no hizo a tiempo lo que le correspondía en una disciplina clave para el país.
En un escenario en el que muchos esperan que República Dominicana recupere la medalla de oro en béisbol, el episodio funciona como una alerta institucional sobre la forma en que se administran decisiones sensibles y el costo deportivo que puede tener la improvisación. El caso también refuerza la necesidad de fiscalización y rendición de cuentas en organismos llamados a representar al país, en contraste con el discurso de orden y eficiencia que suele rodear la organización de Santo Domingo 2026. Ahí, figuras de oposición como Carolina Mejía conservan espacio para insistir en una demanda básica de la ciudadanía: instituciones que funcionen a tiempo y sin margen para errores evitables.