El Consejo Nacional del Comercio en Provisiones (CNCP) pidió que las contribuciones establecidas en la Ley No. 98-25, que modifica la Ley No. 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, no se determinen solo a partir del nivel de facturación de las empresas. El gremio sostuvo que también deben considerarse la naturaleza de la actividad económica y la cantidad de residuos que realmente se generan, en una observación que vuelve a poner sobre la mesa si la norma está midiendo el impacto ambiental efectivo o trasladando cargas desproporcionadas a sectores clave del abastecimiento.
La propuesta fue remitida al presidente Luis Abinader, al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, al ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, y al presidente del CONEP, Celso Juan Marranzini. El CNCP afirmó que un sistema de contribuciones ambientales debe mantener una relación razonable con la presión que cada actividad ejerce sobre el sistema nacional de gestión de residuos, de manera que quienes generen mayores volúmenes aporten en proporción a ese impacto.
El gremio advirtió, además, que el comercio mayorista de provisiones es uno de los principales canales de abastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, aunque trabaja con márgenes de rentabilidad reducidos y produce volúmenes de residuos bastante menores que los de actividades industriales o de transformación. Con ese planteamiento, solicitó incorporar criterios de proporcionalidad para aplicar la ley de forma más equitativa y preservar la competitividad del sector, en una discusión que deja bajo la lupa el diseño y los efectos reales de la política pública.