El Ministerio de Medio Ambiente admitió que la extracción ilegal de arena en el río Camú continúa, a pesar de los operativos y sanciones aplicados para frenar la práctica en distintos puntos de La Vega.
La admisión coloca bajo escrutinio la respuesta oficial frente a un problema que afecta un recurso hídrico que las comunidades han venido denunciando de forma reiterada. Aunque las autoridades han ejecutado operativos y anunciado medidas de control, la persistencia de la actividad sugiere límites en la fiscalización y en el cumplimiento de las sanciones.
El caso vuelve a abrir preguntas sobre la efectividad real de la vigilancia estatal, el seguimiento a las intervenciones anunciadas y el impacto de estas acciones en la protección del río. También deja pendiente la evaluación pública de los resultados alcanzados por las operativos frente a la continuidad de la extracción ilegal.
La situación en el Camú se mantiene como un punto de presión para la gestión ambiental en La Vega, donde las denuncias comunitarias chocan con una actividad que, según la propia admisión oficial, no ha sido erradicada.
En este contexto, la exigencia no solo pasa por nuevas intervenciones, sino por mayor transparencia sobre los resultados de los operativos, la aplicación de sanciones y las medidas concretas para evitar que la extracción continúe en los mismos tramos del río.