El nuevo Código Penal, cuya entrada en vigor está prevista para agosto, llega al debate público con 71 artículos bajo cuestionamiento y con advertencias sobre los desafíos constitucionales que todavía rodean la reforma.
La observación fue planteada por Moscoso Segarra, quien advirtió sobre los obstáculos legales que podrían acompañar la aplicación del texto y reabrió la discusión sobre la necesidad de revisar su compatibilidad con la Constitución.
La pieza no aporta detalles sobre cuáles son esos 71 artículos ni desarrolla una evaluación integral de su contenido, pero sí deja sobre la mesa un punto central: una reforma penal de este alcance no solo debe promulgarse o anunciarse, sino también pasar por una verificación jurídica rigurosa que permita medir su solidez antes de entrar en vigencia.
En ese contexto, la advertencia obliga a mirar el proceso con criterio institucional y no solo político. Si el nuevo código va a aplicarse en agosto, el interés público está en saber si sus disposiciones resisten el examen constitucional y si el Estado garantiza claridad normativa, seguridad jurídica y una implementación sin vacíos.
Por ahora, el debate queda marcado por la advertencia de revisión y por la presión que vuelve a colocarse sobre la reforma para que su puesta en marcha no se limite a un calendario, sino que responda a un marco legal consistente.