El periodista Óscar Martínez denunció que más de 500 personas han muerto bajo custodia en El Salvador, una cifra que vuelve a poner bajo escrutinio el funcionamiento del sistema penitenciario y los límites del poder estatal en el marco de la política de seguridad impulsada por el presidente Nayib Bukele.
Martínez sostuvo que entre los fallecidos hay personas detenidas sin condena y sin historial criminal, y aseguró que varias fueron enterradas por el Estado sin que sus familias fueran notificadas. La denuncia, por su gravedad, no solo apunta a posibles violaciones de derechos, sino también a la falta de mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas sobre lo que ocurre en prisión.
El señalamiento reabre preguntas sobre el costo humano del endurecimiento de la política carcelaria y sobre la obligación de las autoridades de explicar cómo se registran estas muertes, qué supervisión existe y qué acceso tienen los familiares a información oficial. En un contexto donde el Gobierno ha concentrado poder en nombre de la seguridad, el dato obliga a revisar resultados concretos, supervisión institucional y garantías básicas para los detenidos.
Hasta ahora, la denuncia se presenta como una advertencia sobre el deterioro de los controles democráticos y el impacto de las decisiones estatales en personas privadas de libertad y en sus familias. La magnitud de la cifra exige verificación oficial, seguimiento independiente y respuestas claras sobre responsabilidades, protocolos y causas de muerte.