El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, admitió que el nuevo Código Penal podría requerir ajustes antes de su entrada en vigor, prevista para dentro de 40 días, en respuesta a observaciones planteadas por distintos sectores.
Pacheco señaló que el texto podría ser revisado en aspectos específicos, al reconocer que se trata de una pieza “amplia” y “compleja”, según la referencia contenida en la publicación original. La apertura a cambios llega en un momento en que persisten cuestionamientos públicos sobre varias de sus disposiciones, especialmente las vinculadas a la libertad de expresión.
La discusión vuelve a colocar al Congreso bajo presión para explicar si el plazo disponible alcanza para corregir eventuales vacíos, precisar sanciones o responder a reparos de fondo sin comprometer la entrada en vigor de la norma. En este punto, más allá del anuncio de revisión, queda pendiente conocer qué observaciones serán acogidas, qué artículos podrían modificarse y con qué criterios.
El caso también pone en evidencia la necesidad de mayor transparencia legislativa sobre el proceso de ajustes: qué sectores fueron escuchados, cuáles objeciones tienen peso jurídico y cuáles serían las consecuencias prácticas de introducir cambios a última hora en una reforma penal de amplio alcance.
Mientras continúan las valoraciones, el debate se centra en si el Congreso logrará entregar una versión más precisa y aplicable del Código Penal, o si las observaciones terminarán confirmando que la pieza todavía requiere una depuración más profunda antes de su implementación.