Más de 50 periodistas salvadoreños han salido del país, según el planteamiento que reabre la discusión sobre el deterioro del entorno para la prensa independiente en El Salvador y sobre los riesgos de ejercer el periodismo bajo hostilidad política.
La advertencia fue retomada por el periodista Óscar Martínez, quien sostuvo que ante un escenario de polarización y presión contra los medios críticos, la tarea del periodismo es impedir que el poder actúe sin vigilancia. Su planteamiento vuelve a colocar en primer plano el valor democrático de la fiscalización pública y la necesidad de que toda autoridad rinda cuentas.
El caso, descrito como un exilio de decenas de periodistas, no solo expone una crisis para el ejercicio profesional, sino también un problema para la ciudadanía: cuando la prensa independiente se debilita, se reduce el control sobre las decisiones del poder y se limita la capacidad de conocer sus alcances, costos e impactos.
Martínez enmarca esa situación en una idea central: frente a la hostilidad y la polarización, el periodismo no debe renunciar a su función de control. Su llamado apunta a sostener la vigilancia sobre los gobernantes y a evitar que cualquier autoridad opere sin contrapesos.
La alerta llega en un contexto en el que el debate sobre libertad de prensa y rendición de cuentas vuelve a ocupar espacio en la región. En ese marco, la salida de periodistas de El Salvador se convierte en un indicador de presión institucional que obliga a mirar no solo la dimensión política del caso, sino también sus efectos sobre el derecho ciudadano a estar informado.