El Colegio Médico Dominicano (CMD) sometió una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra varios artículos del nuevo Código Penal, al considerar que sus disposiciones pueden afectar el ejercicio de la medicina y el funcionamiento de los servicios de salud.
La objeción del gremio se centra en el impacto que, a su juicio, tendría el texto aprobado sobre la práctica médica, con efectos que podrían traducirse en mayores costos para los pacientes, retrasos en la atención y una carga regulatoria adicional para los profesionales de la salud.
La decisión de acudir al órgano constitucional coloca bajo escrutinio una pieza legislativa de alto alcance público, especialmente por sus consecuencias sobre un sector donde cualquier cambio normativo repercute de inmediato en la calidad, el acceso y el costo de la atención.
Aunque el CMD no detalla en esta pieza cuáles artículos específicos están siendo cuestionados, sí plantea que el debate no debe limitarse a la aprobación del código, sino a la revisión de normas que ya habían sido objeto de críticas en el entorno médico.
En ese contexto, el caso abre una discusión sobre la responsabilidad del Estado de legislar con claridad, evaluar el efecto real de sus decisiones y garantizar que una reforma penal no introduzca barreras innecesarias en la prestación de servicios esenciales.
El trámite ante el Tribunal Constitucional será ahora el escenario en el que se definirá si las disposiciones impugnadas se ajustan o no a la Carta Magna, mientras el sector salud mantiene la atención sobre las implicaciones prácticas de la nueva normativa.