El tribunal mantuvo en prisión a Miguel García por su vinculación con el asesinato ocurrido en el Palacio de Justicia de Santiago, mientras el presunto autor material continúa prófugo, de acuerdo con la información publicada sobre el caso.
La decisión también alcanza a siete personas más que permanecen bajo medidas de coerción, en un expediente que sigue abierto y que no ha permitido todavía esclarecer por completo la dinámica de los hechos ni llevar ante la justicia a todos los señalados.
El caso vuelve a colocar bajo examen la seguridad en una instalación judicial, un punto sensible por tratarse precisamente del lugar donde deben resguardarse la integridad de las personas y el curso de los procesos penales.
Hasta ahora, la información disponible se limita a la ratificación de la coerción y a la condición de prófugo del presunto autor material. No se detallan en la pieza original nuevas pruebas, avances procesales ni cambios en la investigación que permitan anticipar una resolución inmediata del expediente.
La permanencia de la medida contra García y los otros imputados prolonga la discusión sobre las responsabilidades penales individuales, pero también sobre la capacidad del sistema para prevenir hechos violentos en espacios judiciales y dar respuestas efectivas a las víctimas y a la sociedad.