Un estudio presentado por el Ministerio de Medio Ambiente coloca bajo escrutinio la situación de los ecosistemas marinos y costeros del país: pese a generar US$1,792 millones anuales, enfrentan pérdida de manglares, deterioro de arrecifes y erosión en cerca del 70% de las playas.
La evaluación, divulgada como parte de la agenda oficial, no solo cuantifica el valor económico de estos ecosistemas, sino que también expone un problema de gestión pública que exige seguimiento, transparencia y resultados verificables. El dato de su aporte anual contrasta con las señales de degradación que recoge el propio informe.
Según la presentación, los manglares continúan bajo presión y los arrecifes muestran daños, mientras la erosión costera afecta a una amplia proporción de las playas del país. El hallazgo plantea una pregunta de fondo sobre la eficacia de las políticas ambientales y la capacidad del Estado para proteger activos naturales que sostienen actividad económica, turismo y protección costera.
Aunque el documento reconoce el valor de estos ecosistemas, el contenido obliga a mirar más allá del diagnóstico. La discusión pública no debería quedarse en la cifra del aporte económico, sino en qué medidas concretas se están aplicando, con qué presupuesto, qué metas tienen y cómo se medirá su cumplimiento.
En ese sentido, el estudio ofrece una base útil para exigir rendición de cuentas al Gobierno y al Ministerio de Medio Ambiente: qué acciones de restauración, control y vigilancia existen; cuáles resultados han logrado; y qué impacto real tienen frente al deterioro ya identificado.
La radiografía oficial confirma que la protección de costas y manglares no es un asunto ornamental ni de discurso ambiental, sino un tema de interés económico, territorial y ciudadano. El desafío ahora es convertir el diagnóstico en políticas sostenibles y evaluables.