República Dominicana está entre los cinco países de América Latina con las tasas más altas de feminicidios y violencia de género, una realidad que vuelve a poner en duda la eficacia de la respuesta institucional ante una crisis de impacto social sostenido. El año pasado, más de 73 mil casos de abusos físicos y mentales fueron llevados a los tribunales, mientras que en lo que va de 2026 se han cometido al menos 30 feminicidios íntimos.
Esa magnitud deja ver la distancia entre la gravedad del problema y el alcance de las medidas en marcha. El propio cuadro descrito obliga a reorientar esfuerzos públicos y privados, endurecer sanciones y ampliar los refugios creados de manera limitada para proteger a mujeres bajo amenazas de muerte, en un escenario en el que el Ministerio Público recibe cada año unas 25 mil denuncias-querellas.
La violencia, además, no se limita a la agresión física. El texto señala políticas ya existentes aplicadas con baja intensidad frente a patrones culturales arraigados y al uso de espacios tecnológicos para denigrar a la mujer, facilitar el ciberacoso, la agresión moral y la manipulación. En ese marco, la educación aparece como una herramienta clave, pero también como recordatorio de que la prevención y la protección siguen sin mostrar resultados proporcionales a la dimensión de la emergencia.